Vivienda familiar

En un juicio de separación matrimonial se atribuyó a la madre la guarda y custodia de un hijo y se asignó a estos el uso del domicilio familiar, que era propiedad exclusiva del padre. Este donó a su otro hijo el inmueble litigioso, quién a su vez, lo vendió a una empresa, la cual interpuso demanda de desahucio por precario.

Los tribunales rechazan la pretensión de desahucio. Es cierto que el uso de la vivienda familiar es temporal, hasta que el hijo alcance la mayoría de edad, o incluso con el plazo adicional que sea judicialmente establecido en el supuesto de hijos con discapacidad. No obstante, no hay problema alguno en una atribución del uso sin limitación temporal cuando al respecto exista acuerdo suscrito con el progenitor titular exclusivo de la vivienda, acto de disposición por parte de este en tal sentido, o una resolución judicial firme que lo haya acordado con eficacia de cosa juzgada al ser consentida por las partes. En este caso, la sentencia dictada en el procedimiento de separación, posteriormente ratificado en la sentencia de divorcio, atribuye dicho uso mientras que madre e hijo vivan en el piso litigioso, pronunciamiento que no fue cuestionado, en su momento, por ninguno de los litigantes en su condición de progenitores del hijo común, que padece un trastorno a consecuencia del cual carece de capacidad autónoma para cubrir sus necesidades de habitación.

Esta atribución es respetada por el padre, al donar a su otro hijo el inmueble con la salvedad del derecho de uso, y por este al vender la vivienda a la entidad demandante, que no desconocía las concretas circunstancias posesorias del inmueble toda vez que se hizo expresa referencia a ellas, las cuales aceptó expresamente.

En consecuencia, se considera que los demandados son poseedores con título y no meros precaristas con lo que la demanda no se estima, dado que el ejercicio de la acción de precario se atribuye a quienes pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca; pero en este caso los demandados son poseedores con un título atribuido por una sentencia firme, respetado en ulteriores actos de disposición patrimonial.

 

 

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